La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha presentado recientemente un análisis que reconoce progresos relevantes en la sostenibilidad estructural del régimen público de pensiones tras las modificaciones normativas implementadas en 2021 y 2023. Estas reformas se enfocaron principalmente en fortalecer las fuentes de financiación del sistema y en promover una prolongación de la vida laboral activa de los ciudadanos.
Sin embargo, el documento técnico elaborado por investigadores de las Universidades de Valencia y Extremadura introduce una nota de precaución significativa. Los académicos José Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu señalan que los resultados positivos identificados requieren una interpretación cautelosa, dado que se fundamentan en supuestos económicos y poblacionales que califican como «demasiado optimistas» para la realidad española.
Un nuevo enfoque para medir la sostenibilidad real
El trabajo presenta una metodología innovadora para evaluar la viabilidad del sistema previsional. A diferencia del tradicional análisis anual que compara ingresos y gastos en un ejercicio fiscal concreto, este nuevo indicador adopta una perspectiva generacional a largo plazo. La herramienta compara el valor total de las prestaciones que una cohorte de cotizantes espera recibir con el montante global de las aportaciones que realizará a lo largo de toda su trayectoria laboral.
Este enfoque actuarial permite identificar desequilibrios estructurales que el análisis contable convencional podría no detectar. Cuando el indicador supera la unidad, significa que el valor de las pensiones prometidas excede las cotizaciones realizadas por esa generación. Por el contrario, valores inferiores a uno apuntan hacia un sistema más equilibrado o incluso superavitario desde la óptica generacional.
España lidera la mejora comparativa en Europa
Aplicando esta métrica a los datos del Ageing Report 2024 —el informe trienal sobre envejecimiento elaborado conjuntamente por la Comisión Europea y el Comité de Política Económica de la Unión Europea— los investigadores observan una evolución favorable para nuestro país. El indicador estructural proyectado descendería desde 1,34 en 2022 hasta 0,90 en el horizonte de 2050, lo que representa una reducción de 0,44 puntos y sitúa al sistema español en la senda de convergencia hacia el equilibrio.
En el contexto europeo analizado, que incluye a Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia, España presenta la mayor reducción del indicador durante el período estudiado. Suecia la seguiría con una disminución de 0,20 puntos, mientras que los Países Bajos, Francia y Alemania mostrarían mejoras mucho más modestas de 0,07, 0,06 y 0,02 puntos respectivamente. Estos datos posicionarían teóricamente a España como el país con mejor trayectoria de sostenibilidad estructural entre las naciones analizadas.
La paradoja del déficit financiero creciente
A pesar de esta evolución positiva del indicador estructural, los autores identifican una aparente contradicción al examinar el equilibrio financiero tradicional del sistema. Las proyecciones oficiales anticipan que la incorporación de la generación del baby boom a la jubilación provocará un incremento del déficit del sistema de pensiones de 2,5 puntos porcentuales del PIB entre 2022 y 2050. Este aumento constituye el sexto mayor de toda la Unión Europea.
¿Cómo es posible que mejore la sostenibilidad estructural mientras aumenta el déficit anual? Los investigadores explican que ambos fenómenos no son necesariamente incompatibles. El desequilibrio financiero a corto y medio plazo responde principalmente al impacto demográfico inmediato: una generación excepcionalmente numerosa alcanzando simultáneamente la edad de retiro. Sin embargo, las reformas estructurales —carreras más largas, edad efectiva de jubilación más elevada, incremento de las bases de cotización— ejercerán su efecto benéfico de forma progresiva sobre las cohortes más jóvenes, que todavía no han alcanzado la jubilación.
Las debilidades del escenario oficial
El núcleo crítico del informe de Fedea reside precisamente en el análisis de las hipótesis subyacentes que alimentan estas proyecciones favorables. Los académicos identifican dos áreas donde consideran que las previsiones gubernamentales aportadas al Ageing Report 2024 podrían estar sobreestimando la capacidad de ajuste del sistema.
En primer lugar, cuestionan el aumento proyectado de la tasa de actividad laboral entre los mayores de 55 años. Las proyecciones oficiales asumen que este colectivo permanecerá activo en el mercado laboral durante más tiempo y en mayor proporción que en el presente. Si bien las reformas incentivan esta prolongación de la vida laboral mediante penalizaciones por jubilación anticipada y bonificaciones por retraso, los investigadores consideran que el incremento esperado podría ser excesivo considerando las tendencias históricas, las condiciones del mercado laboral español y las preferencias sociales respecto al retiro.
El segundo punto de escepticismo se centra en la drástica reducción proyectada de la tasa de reemplazo —el porcentaje que representa la pensión inicial respecto al último salario— para las nuevas generaciones de jubilados. El modelo oficial asume que este ratio disminuirá sustancialmente hasta 2050. Los autores de Fedea atribuyen esta caída proyectada a que la base máxima de cotización crecerá más rápidamente que la pensión máxima durante las próximas décadas, afectando especialmente a los trabajadores con salarios elevados. No obstante, califican esta evolución de «sorprendente» y dudan de que se materialice con la intensidad prevista, especialmente considerando las presiones sociales y políticas que históricamente han frenado reducciones significativas en la generosidad del sistema.
En clave: Por qué importa
Este estudio aporta una perspectiva técnica rigurosa sobre un debate que trasciende lo meramente económico para convertirse en una cuestión central de política pública. La sostenibilidad del sistema de pensiones no solo determina la capacidad del Estado para cumplir compromisos adquiridos con millones de ciudadanos, sino que condiciona decisiones vitales sobre ahorro privado, planificación financiera personal y política fiscal agregada.
La principal conclusión de los investigadores no invalida los esfuerzos reformistas realizados, sino que introduce un matiz fundamental: la efectividad real de las reformas dependerá de que se confirmen supuestos extremadamente optimistas. Si las tasas de actividad laboral de mayores no aumentan tanto como se espera, o si la generosidad del sistema no se reduce en la magnitud proyectada —ya sea por resistencias políticas o por dinámicas salariales diferentes— las mejoras estructurales observadas podrían diluirse significativamente.
Para los ciudadanos, este análisis subraya la prudencia de no confiar exclusivamente en el sistema público para financiar la jubilación. Para los responsables de política económica, representa una llamada a complementar las proyecciones oficiales con escenarios alternativos más conservadores que permitan anticipar y gestionar los riesgos identificados. La diferencia entre la sostenibilidad proyectada y la real podría medirse, en última instancia, en décimas de PIB que determinarán quién asumirá finalmente el coste del envejecimiento demográfico: los pensionistas actuales y futuros mediante prestaciones reducidas, los trabajadores activos mediante mayores cotizaciones, o el conjunto de la sociedad a través de transferencias fiscales adicionales.
